desde nivel B2 / política y sociedad / reportaje / Elina Londoño

sos colombia

  • Glossary
  • Glossaire
  • Glossar
  • Glossário

COLOMBIA SE INDIGNA

MEDELLÍN, COLOMBIA.

Una reforma fiscal fue la llama que encendió el estallido1 social que empezó el 28 de abril 2021 en varias ciudades colombianas. Sin embargo, la reforma fue solo un elemento más de la larga lista de razones para unas protestas que han sufrido una represión policial que dio la vuelta al mundo.

Determinar las causas concretas de la situación que atraviesa2 el país es un ejercicio tan complejo como impreciso, pues lo que se conjuga3 es una serie de demandas ciudadanas que no han sido atendidas ni resueltas por el Estado. En consecuencia, los ciudadanos que hoy protestan reclaman4 ante un Estado ineficiente su derecho al trabajo, a la educación, a la salud, a la alimentación, a tener agua, a la vida, a la esperanza; en fin, reclaman el derecho a vivir con dignidad. Aunque las demandas son de distinta naturaleza, están agrupadas bajo un mismo sentimiento: indignación. No obstante, el justo reclamo de un amplio sector de la ciudadanía no resulta válido para quienes, por indiferencia o conveniencia, se esfuerzan por perpetuar la desigualdad5 que nos ha traído hasta aquí.

UN ESTADO CORRUPTO

La movilización6 social en Colombia es resultado de fallas7 estructurales en el funcionamiento del Estado y en nuestra dinámica social. El país sufre una creciente corrupción que ha debilitado la capacidad de las instituciones para atender las necesidades de los ciudadanos. Cifras reveladas por el DANE, (Departamento Administrativo Nacional de Estadística), en abril de 2021, indican que cerca de 21 millones de personas están en la línea de pobreza, en un país de casi 50 millones de habitantes.

Esto demuestra que las instituciones son incapaces de cumplir8 sus funciones y no contribuyen a mejorar la calidad de vida de los colombianos. La protesta social es una reacción provocada por un Estado corrupto e ineficiente que, incapaz de escuchar y resolver las demandas ciudadanas, ha delegado en la fuerza pública la función de tramitarlas con violencia.

Para Oscar Yesid Zapata, miembro del Proceso Social de Garantías para Defensores y Defensoras de Derechos Humanos en Antioquia (PSG), hay un interés del Estado en deslegitimar la protesta nacional, lo que supone desconocer el reclamo de la gente, ya sea a partir de supuestos, como la vinculación9 de la movilización con la insurgenciaN, o a través del miedo que genera la violencia que ejercen las fuerzas de policía contra los manifestantes10.

INFILTRADOS EN LA PROTESTA

Normalmente, los medios de comunicación reducen su discurso sobre la protesta ciudadana a la infiltración de grupos ilegales que azuzan11 a los manifestantes, o a enfrentamientos violentos entre estos y la policía sin explicar sus causas. Y el hecho es que la violencia existe, pero esta única manera de presentar las protestas, solo sirve para criminalizar y estigmatizar a los ciudadanos que han salido a protestar de manera pacífica, y olvidar las razones reales que los han llevado a la calle.

Para Leyder Perdomo, abogado de la Corporación Jurídica Libertad, hay dos hipótesis sobre la infiltración de la marcha, la primera habla de la intervención para deslegitimar, ligada a “actores extraños y contrarios a la protesta”, como policía y paramilitares; la otra, de la infiltración para encausar12 o cooptar, ligada a las guerrillas. Además, explica que “la supuesta infiltración de grupos armados insurgentes suele exagerarse” para justificar el uso de la fuerza del estado o del paraestadoN. Esto deja a los manifestantes como blanco13 de la policía, y sirve como justificación al uso desmedido14 de la fuerza con la que se ha reprimido15 la actual16 protesta; lo que a su vez es la lógica heredada17 de décadas de un conflicto armado que configuró como enemigo, en la visión de los agentes estatales  ̶  policía y ejército  ̶ , a todo aquel que marche contra el Estado, de manera legítima, como en el caso de la movilización social, o ilegítima, como sucede con los grupos guerrilleros. Según el jurista18, los agentes estatales y paraestatales asumen que los movimientos sociales “son formas complementarias de un movimiento amplio que ellos catalogan como subversivo o insurgente, que es complementario a las guerrillas”.

Oscar Yesid Zapata, del PSG, explica que en el desarrollo de las movilizaciones, efectivamente, hay manifestantes que causan daños movidos por la rabia19 y la indignación que provocan unas políticas económicas que benefician a grupos poderosos en detrimento de la ciudadanía20. Reconoce que siempre habrá sectores interesados en deslegitimar el proceso democrático de la movilización, como agentes estatales o grupos guerrilleros, sin embargo, ello no implica que la protesta sea ilegítima. En este sentido, L. Perdomo anota que las acciones violentas por parte de los manifestantes durante las movilizaciones no son una característica exclusiva de nuestra cultura, y que “no toda acción violenta en el marco de la protesta corresponde a una infiltración”. Si miramos el contexto de exclusión, de opresión, de ausencia de garantías básicas de subsistencia, quizás no sea tan difícil comprender por qué alguien lanza su ira21 contra las instituciones, públicas o privadas, que históricamente lo han hecho invisible.

Lo anterior no supone una apología de la violencia, sino un intento por esclarecer22 lo que muestran los medios, o lo que no muestran, pues vemos las acciones de algunos manifestantes en primer plano, pero no sus realidades.

REPRESIÓN Y VIOLENCIA ESTATAL

En el contexto de la protesta ciudadana, llaman la atención la violencia con la que ha respondido el Gobierno a las manifestaciones, y la acción de civiles armados para enfrentarlas23. De acuerdo con la ONG Temblores, un mes después del inicio de las manifestaciones se contaban 43 personas muertas a manos, presuntamente, de la fuerza pública, además de una larga lista de agresiones como abuso sexual, desaparición y retención ilegal. Aunque es verdad que también se cuentan muertes y agresiones del lado de la policía. En lugar de escuchar, el Gobierno de Iván Duque optó por la represión violenta: acorazados24 agentes de policía miden fuerzas con manifestantes ataviados25 con su ropa, con su rabia contenida durante años de abandono estatal.

Al actuar de la policía se suma el de civiles que disparan26 contra los manifestantes en zonas urbanas, situación que reviste27 especial gravedad28, pues nos lleva a la génesis del fenómeno paramilitar; fenómeno complejo, según el abogado Perdomo, porque en Colombia el paramilitarismo como acción contrainsurgente lo han protagonizado agentes de fuerzas del Estado. No obstante, la acción de civiles armados que se organizan para responder con armas al movimiento de protesta, al que perciben como una amenaza, se parece a la semilla del paramilitarismo.

En algunas ciudades, explica Perdomo, “el paramilitarismo ha adquirido una connotación de orden social”: los grupos paramilitares ejercen funciones de control, orden y seguridad de los territorios y obtienen una ganancia29 por ello. De este modo, cuando el enfrentamiento entre manifestantes y policía en algún territorio que ellos controlan supone una alteración del orden, hay una respuesta que puede implicar agresiones tanto a los manifestantes como a la policía.

Aunque en varios territorios la acción contrainsurgente de los grupos paramilitares no es tan clara como en otros tiempos, sigue vigente30. Una muestra de ello son los panfletos31 amenazantes32 que circulan en varias ciudades, como un llamado de advertencia contra los manifestantes.

La conclusión aquí no podría ser otra, este movimiento de protesta no se detendrá sin luchar, y es probable que muchos más dejen su vida, porque la indignación y la rabia le han cedido terreno33 al miedo.

 


 

El 20 de julio de 2021, Día de la Independencia de Colombia, se celebró una gran marcha.