desde nivel C1 / política y sociedad / reportaje / Victoria Paz / foto: Dpto. Estado de EE.UU.
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Fin de las FARC
¿Fin del conflicto en Colombia?
La desigualdad1, la pobreza y la exclusión política y económica son solo algunos de los fenómenos que rodean2 al conflicto armado colombiano. Todos ellos han servido “como justificación de la violencia insurgente por ser la única alternativa para exigir cambios sociales”, según afirma el investigador y escritor Gustavo Duncan. Sin embargo, dice el experto, la violencia ligada3 a este conflicto no nace necesariamente de estos fenómenos, sino de una alianza con la criminalidad. Y es precisamente este vínculo4 criminal el que ha ayudado a que el conflicto se alargue durante décadas y lo que explica la existencia de grupos ilegales aun después de la firma del acuerdo de paz. ¿Por qué? La razón más evidente y visible es la económica, aunque existen otras más complejas. Los grupos guerrillerosN se han financiado a través de una economía vinculada a una acción criminal, a pesar de que sus raíces se encuentran en los movimientos de lucha campesina5 y obrera6. Este medio de financiación es tan lucrativo que hoy en día otros grupos armados al margen de la ley luchan por los territorios que han abandonado las FARCN tras los acuerdos de paz. Aunque estos grupos no son comparables a esta organización y el Estado colombiano es hoy más fuerte para hacerles frente7, siguen siendo generadores del conflicto y de las acciones de violencia ligadas a él (extorsiones, secuestros8, homicidios).
En la Colombia de hoy, el acuerdo de paz firmado entre las FARC y el Gobierno de Juan Manuel Santos sí ha supuesto el fin del enfrentamiento armado entre esos dos actores, pero el conflicto colombiano que dura ya más de cincuenta años no ha desaparecido y su realidad es mucho más compleja. Las guerrillas no son ni el principio ni el fin de la violencia.
A UN AÑO DEL ACUERDO
En noviembre de 2017 se cumplió un año de la firma del acuerdo. Según cifras oficiales, las FARC entregaron 7132 armas (proceso certificado por la ONU) así como las coordenadas de las caletas9 que contienen el resto de su armamento. Tras ese año, las cifras de violencia asociada al conflicto descendieron y muchos de los niños reclutados10 por las FARC fueron retirados de las zonas de concentración de la guerrilla. Los datos, aunque alentadores11, no son suficientes en comparación a lo que se pretendía12 lograr con la firma del acuerdo.
El Gobierno ha cumplido con la ayuda económica de subsistencia básica, y en algunos Espacios Territoriales de Capacitación13 y Reincorporación (ETCR), como se denomina a las zonas que habitan los exguerrilleros, se intentan proyectos productivos; sin embargo, hay tres puntos álgidos14 en el posconflicto: la deserción o disidencia de algunos miembros de la ya extinta guerrilla, la seguridad de los desmovilizados15 y, por último, su reincorporación a la vida civil.
Las disidencias y deserciones que se producen son un tema complejo. Para empezar, las primeras reflejan las discrepancias entre quienes se acogieron16 al acuerdo y aquellos que decidieron seguir en la ilegalidad. Los frentes guerrilleros que no se acogieron al proceso de paz continúan ligados al negocio del narcotráfico17, y este es el destino probable de algunos de los desertores del acuerdo. Por su parte, la deserción parece ser un síntoma de que algo sucede en las zonas habitadas por quienes están en proceso de reincorporación, prueba de ello sería la fuga18 de uno de los excomandantes de las FARC en septiembre de 2017. Por último, se sabe que grupos ilegales ofrecen a los desmovilizados salarios rentables19 por unirse a la actividad criminal.
De acuerdo con Edison Romaña, excomandante guerrillero, la lentitud del Gobierno en la implementación del acuerdo alienta20 la deserción. Según Romaña, en declaraciones a la emisora La FM, “tras un año de la firma del acuerdo no se ha visto la implementación del mismo, lo que ha motivado al abandono de varios Espacios de Capacitación por parte de los desmovilizados”. Ya el día 21 del mismo mes, el jefe de la Misión de Observación de la ONU, Jean Arnault, informaba que varios exguerrilleros han abandonado las zonas de tránsito21 a la reincorporación ante la ausencia de oportunidades económicas; el delegado agregó22 que hay una falta de confianza en las posibilidades que ofrecen los Espacios de Capacitación, y que algunos excombatientes se han ido “para reunirse con sus familias, hacer política y buscar la reincorporación por cuenta propia23”.
En materia de seguridad, la situación también es compleja, los exguerrilleros han sido víctimas de amenazas24 y asesinatos y no existe respuesta concreta sobre quiénes serían los responsables. Como consecuencia, muchos han abandonado los espacios de capacitación ante lo que consideran una falta de garantías de seguridad.
Finalmente, el tema de la reincorporación, que va ligado a todo lo anterior y es piedra angularF del proceso, es quizás el que reviste25 mayor gravedad, pues las situaciones descritas hacen que la reincorporación no se lleve a cabo26 con garantías para los exguerrilleros. En su informe27 del primer año del acuerdo, la Fundación Paz y Reconciliación afirma: “El proceso de reincorporación de los excombatientes de las FARC-EP a la vida civil afronta una situación muy difícil en el último trimestre28. Nos atrevemos a utilizar la palabra crisis para referirnos al momento que vive la reinserción de los excombatientes de las FARC a la sociedad colombiana y señalamos29 que es necesaria una renegociación del acuerdo”.
Estos hechos llevan a la pregunta sobre el futuro; más aún sabiendo que este año habrá nuevas elecciones; 2018 será un año decisivo para la implementación del acuerdo, pues la postura30 del próximo presidente determinará el curso del posconflicto.
CRIMINALIDAD Y POSCONFLICTO
Uno de los desafíos en el pos-conflicto es frenar31 las acciones de las bandas criminales y de otros grupos ilegales que mantienen vigente32 el conflicto; al menos mientras el Gobierno encuentra una manera de negociar con estos grupos. El investigador Gustavo Duncan señala que “el Estado colombiano está en cero33 sobre cómo se negocia con los criminales de manera formal e informal, no hay estudio al respecto; no se sabe qué funciona. Nunca se han estudiado procesos con criminales”.
El estatus de las FARC o de grupos como el M-19 (guerrilla desmovilizada en 1990) tenía un carácter político, lo que facilitó34 la creación de marcos jurídicos35 para negociar con ellos; pero, en el caso de las bandas criminales, estas no tienen en su concepción o en su acción el mismo estatus. Así las cosas, y aunque en el país hay antecedentes de negociación con criminales, como anota Gustavo Duncan en referencia a la negociación con los antiguos carteles del narcotráficoN, la experiencia no se acerca a la adquirida después de siete procesos de negociación con la insurgencia.
En la actualidad36, las estructuras criminales –bandas y guerrilla– controlan negocios como el narcotráfico, la extorsión o la extracción ilegal de recursos naturales37, entre otras actividades delictivas que generan enormes rentas38; una economía criminal tan rentable que bien vale la disputa por controlar los espacios que dejaron las FARC, y que seguirá siendo combustible39 para el conflicto.
Buena parte de las zonas en las que estos grupos operan se han caracterizado por la debilidad institucional. En muchos casos, el Estado ha sido el gran ausente o se ha mostrado ineficiente ante las necesidades de los pobladores40. Esas situaciones dieron lugar a formas alternativas de autoridad, poderes paralelos ejercidos por grupos al margen de la ley que se encargaron de imponer su propio orden social y de proveer41 los marcos de regulación que le correspondían al Estado. Hablamos entonces de criminales con poder que para muchos habitantes “ofrecen una justicia y una seguridad que el Estado no ofrece y organizan la economía de enormes capas de la población”, asegura Gustavo Duncan.
Pese a esto, Duncan afirma que el fenómeno de las bandas criminales tiende a decrecer42. Una de las razones es que las FARC se reincorporaron a la vida civil colombiana y “el Esta-do se quitó al principal enemigo y tiene más recursos para enfrentar esa criminalidad”.
La Colombia de hoy, la del posacuerdo, no es una Colombia en paz y aún quedan luchas por librar43; pero sí es un país en el que se percibe una mejoría en relación con las circunstancias ligadas a la acción guerrillera.
Si se supera la creencia de que solo las guerrillas son responsables de la violencia y que su desaparición y castigo44 representan la paz, se pueden ver los tenues matices45 de una Colombia que se debate en medio de sus contradicciones: mientras unas cosas mejoran, otras no van tan bien y otras, simplemente, siguen siendo lo que siempre han sido. En últimas46, el reto47 de una Colombia del posconflicto no es del Gobierno ni de las FARC, ellos ya dieron sus pasos48 y caminan hacia sus propósitos, el reto es de los colombianos para decidir hacia qué propósito49 queremos caminar como nación.
NOTAS CULTURALES
GRUPOS GUERRILLEROS En Colombia, estos grupos aparecen en la primera mitad del siglo XX, no solo en respuesta a las condiciones de desigualdad, sino además por la represión del Estado, por su debilidad estructural o por su total ausencia. Las FARC y el ELN son un ejemplo de estos grupos.
FARC Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, el grupo guerrillero más importante del país, que ha participado en los acuerdos de paz y hoy es un grupo legal que participa en la política democrática del país.
CARTELES DEL NARCOTRÁFICO Organizaciones criminales vinculadas a la producción y venta ilegal de drogas. Los más conocidos eran el cartel de Medellín (Colombia), liderado por Pablo Escobar, y el cartel de Sinaloa (México).
FRASES HECHAS
